Al llegar a la vivienda, los efectivos policiales se encontraron con dos adultos, madre e hijo, de origen marroquí que declararon tener a su cuidado varios menores cobrando 200 euros por niño. Ambos fueron preguntados si disponían de autorización municipal para el ejercicio de la actividad, seguro de responsabilidad civil, así como si alguno de ellos contaba con formación como educador infantil, ante lo cual los agentes se encontraron con una negativa.

Asimismo, en el interior del inmueble, los agentes pudieron comprobar las condiciones insalubres en las que se encontraba la vivienda en la que cuidaban a estos menores.

Finalmente, como conclusión a todas las actuaciones realizadas por los agentes de la Policía Local, se confirmó que, efectivamente, se estaba realizando un trabajo ilegal como guardería infantil sin las autorizaciones legales preceptivas, que las condiciones higiénico-sanitarias no eran las más idóneas y que se estaba llevando a cabo una actividad lucrativa sin estar declarada.

El concejal de Seguridad y Urbanismo, José Luis Navarro señaló que "la Policía Local tiene entre sus competencias velar por el bienestar y seguridad de los menores y evitar que se realicen actividades ilegales por parte de personas sin preparación profesional que se lucran sin someterse a las exigencias que marca la legislación y que tienen como objetivo proteger a los niños".