Nuestra ciudad, se convirtió en el municipio de más de 100.000 habitantes de la Comunidad de Madrid con el mayor porcentaje de inmigrantes creándose situaciones de hacinamiento al vivir más de 20 personas en condiciones infrahumanas en pequeños pisos, dándose el fenómeno de “pisos pateras” y “camas calientes”, lo que generó problemas de convivencia en las comunidades.

Sin embargo, el actual Gobierno local para mejorar la convivencia en Torrejón de Ardoz y garantizar unas condiciones mínimas de habitabilidad en el domicilio evitando los hacinamientos aprobó unas nuevas normas de empadronamiento en octubre de 2008 que limitaban el número de personas sin parentesco por vivienda en relación a su superficie.

Estas nuevas normas eran de aplicación para españoles y extranjeros a los que beneficiaban al mejorar su calidad de vida disfrutando de una vivienda digna. Y sobre todo protegían a los menores evitando cualquier situación de indefensión al impedir los hacinamientos. Además estas normas no impedían que los inmigrantes tuvieran garantizados los derechos básicos de sanidad y educación como se desprende de numerosas sentencias judiciales en firme. Tampoco en Torrejón de Ardoz se procedía a empadronar a los turistas como se hace en la mayoría de los países.

Sin embargo, el Ejecutivo central, a través de la Abogacía del Estado, obligó a retirar unos requisitos a Torrejón de Ardoz que ahora pretende convertir en norma para todos los municipios de España, tal y como se desprende de la filtración de un escrito que el Gobierno de la Nación, a través de la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, remitió a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y que publicaron algunos medios de comunicación nacionales el pasado día 27 de enero. El Ayuntamiento de Torrejón limitaba el número de personas por metro cuadrado en las viviendas si no tenían parentesco, no con una cifra arbitraria, sino según lo que establece el Código Técnico de Edificación del año 2006, que lo fija en 20 metros cuadrados por persona.

Ante esta situación, el Partido Popular ha presentado una enmienda a la totalidad, que ha sido aprobado, en la que se insta al Gobierno de la Nación:
 
 A que modifique las leyes para regular estas situaciones garantizando unas condiciones mínimas de habitabilidad en el domicilio y evitando los hacinamientos

 A que se pronuncie si se debe empadronar a los extranjeros que están en España como turistas como no se hace en la mayoría de los países

 A que aumente la ayuda económica a los municipios para la integración de los inmigrantes, principalmente a los que tienen un mayor porcentaje de ellos.

 Y a que aclare la contradicción evidente ya que aprobó una Ley de Extranjería que obliga a expulsar a los inmigrantes “sin papeles”, pero al mismo tiempo pide a los Ayuntamientos que los inscriba en el padrón. Si el Estado no da legalidad a esos inmigrantes, condenándoles a la marginalidad e impidiéndoles incorporarse al mercado de trabajo ¿por qué nos obliga a los Ayuntamientos a empadronarlos? 

El vicealcalde, José Luis Navarro, ha indicado que “las medidas sobre el empadronamiento que estaban vigentes en Torrejón de Ardoz no eran pioneras en España, ya que se habían aplicado en el municipio de L’Hospitalet de Llobregat cuando era alcalde del mismo el actual Ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho”. Asimismo ha solicitado a los grupos de la oposición que también se manifiesten contra el Presidente de Gobierno, ya que, según se desprende de las informaciones aparecidas en los medios nacionales, avala las normas que ya se aplicaban en Torrejón.